Compliance en el Tercer Sector

Las Organizaciones No Gubernamentales (en adelante “ONG” u ONGD en caso de ser una ONG al desarrollo) son especialmente sensibles y portan un riesgo significativamente mayor en caso de producirse potenciales conductas delictivas, no solo relacionadas con delitos de corrupción o malversación, sino también con delitos contra la vulneración de los derechos humanos en diferentes lugares del mundo. Es por ello, que la posible comisión de delitos supone un riesgo legal para las ONG, pero también un riesgo reputacional y de pérdida de confianza, ya que, la potencial comisión de delitos puede poner en peligro la financiación pública y privada que reciben.

 

Recientemente, hemos sido testigos de malas prácticas por parte de las ONG, que, en muchos casos, dieron lugar a la comisión de delitos de carácter penal. Un ejemplo de ellos es el caso de Oxfam. En 2018, tras el terremoto en Haití, se destapó que varios cooperantes de Oxfam mantuvieron relaciones sexuales pagadas. En ese mismo año, el presidente de Oxfam fue detenido por corrupción en Guatemala. A las pocas semanas, Médicos Sin Fronteras reportó hasta 24 casos de hostigamiento sexual ocurridos a lo largo de 2017. Las consecuencias fueron inmediatas, 1200 socios se dieron de baja y el gobierno británico y la Unión Europea amenazaron con retirar la financiación a cualquier organización que no cumpliese con los “elevados estándares éticos necesarios”. Todos estos casos han generado dudas sobre el destino de los fondos recibidos y la conducta ética de los empleados de las ONG, poniendo en jaque su credibilidad. La respuesta a estos problemas por parte de las ONG no es unánime.

 

 

Guía Cumplimiento Normativo en el Tercer Sector